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jueves, 14 de marzo de 2013

¡Freno a los Desahucios!

La cadena SER ha publicado esta información importantísima. El original lo podéis leer aquí.

Europa abrirá la puerta a los jueces españoles para frenar los desahucios en marcha

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) considera abusivae ilegal la ley española sobre desahucios. Una sentencia histórica sobre la legislacion hipotecaria española del tribunal de Luxemburgo que permitirá a los jueces frenar los desahucios vivos en los juzgados. Según el tribunal, las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores.

Varapalo de Europa a ley española hipotecaria. La sentencia en la línea del dictamen que ya dictó el pasado noviembre, dice que la norma vulnera la legislación europea a la hora de proteger a los deudores hipotecarios clausulas abusivas en los contratos con los bancos.
La sentencia europea declara tacha a la ley hipotecaria española de norma que no se ajusta a la normativa comunitaria, abriendo así la puerta a los jueces españoles para frenar los desahucios en marcha.

El magistrado José María Fernández Seijó, titular del Juzgado Mercantil Número 3 de Barcelona, fue quien presentó la petición de decisión prejudicial a Europa basada en el caso de un marroquí desahuciado en 2011. Ahora el fallo dará respuesta a las preguntas que planteó entonces, si "era justo que se produjera la ejecución sin oír al deudor, si era correcto que se aplicaran unos intereses moratorios elevados y si era correcto que hubiera un vencimiento anticipado y se reclamara toda la deuda". Este magistrado es en parte responsable de que la normativa española sobre ejecución hipotecaria pueda por fin modularse y contemplar las posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios con los consumidores.

¿Qué cambia la sentencia? ¿Cómo afecta a los casos que están en los juzgados?
Desde hoy, los jueces tendrán un instrumento alternativo que permitiría suspender los procedimientos hipotecarios en tramitación que afecten a consumidores. El fallo no es un mandato al Gobierno español para que cambie la ley pero supondrá una pauta de interpretación para todos los jueces. "Es como una sentencia del Constitucional. Aunque en otras ocasiones este tipo de sentencias han supuesto modificaciones legales a corto plazo", asegura Seijó. Un escenario más que previsible. Este mes el PP ha retrasado en dos ocasiones la tramitación de la Ley Antidesahucios a la espera de incorporar parte del contenido del fallo.

El dictamen, por tanto, obliga al Gobierno a decidir si cambia la ley ya que si es duro con España generaría una inseguridad jurídica insostenible a largo plazo. Teniendo en cuenta además los factores de presión social , el drama de los suicidios y una iniciativa legislativa popular para frenar los desahucios que ha entrado en el Congreso con más de 1,4 millones de firmas y un fuerte apoyo ciudadano, el Ejecutivo no tendrá mucha capacidad para mantener que una ley que favorezca únicamente a la entidad bancaria.

Un paso adelante
Jueces consultados por la Cadena SER aseguran que los juzgados necesitan abrir vías para poder intervenir ante las demandas de las entidades bancarias. Al menos para saber, por ejemplo, si la ejecución hipotecaria afecta a una plaza de garaje o a una vivienda familiar y poder escuchar en los tribunales al posible desahuciado para evaluar si ha sido víctima de abusos.

Este magistrado no conoce al ciudadano que tuvo que desahuciar. Se llama Mohamed Aziz, es marroquí y le faltaban por pagar unos 40.000 euros cuando CatalunyaCaixa interpuso la demanda de ejecución hipotecaria. Aziz pidió el amparo legal de las autoridades europeas por contrato abusivo. Con la decisión es probable que, al menos, el juez pueda escuchar a Aziz en el juzgado y el banco reconsiderar el contrato.
El informe de la abogada general del Tribunal Europeo - dictamen del pasado noviembre de 2012 - ya dictaminó que la legislación española no protege al ciudadano ante la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas, al contrario de la normativa europea, que exige que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz.

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